Son números que se manejan con total reserva porque habla de cómo afecta la crisis carcelaria a la seguridad en la provincia. Son casi 2.800 los efectivos de la Policía que están destinados a cuidar los presos que se encuentran alojados en las dependencias policiales o cumpliendo la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario o por consigna policial para evitar la fuga o proteger a una persona, especialmente víctimas de violencia de género. Ese número representa más del 25% de los 11.000 efectivos que tiene la fuerza actualmente.

Los 1.800 detenidos en las comisarías no sólo generan problemas de hacinamiento y un interminable foco de conflictos entre los detenidos. Altera el normal funcionamiento de los hombres de la fuerza que no fueron preparados para realizar esa tarea. En cada dependencia policial hay dos uniformados que deben vigilar a los detenidos. En los horarios de visita, son entre siete y nueve los hombres que deben realizar los controles de las personas que van a visitar a sus parientes privados de la libertad y revisar las raciones de comidas que les llevan.

La cantidad de reos cuadruplica la capacidad de las comisarías

A ellos se deben sumar los hombres de Infantería que casi diariamente ingresan a las celdas para realizar requisas y los que deben trasladar a los arrestados que necesitan recibir atención médica. En total, se estiman que más de 800 uniformados realizan esta tarea. No están contados los móviles que se utilizan ni el personal que lo custodia cada vez que deben ser trasladados a Tribunales o en las dependencias donde están ubicados. “Hay casos de personas que son de la capital, pero que están en Burruyacu. Se gasta combustible y mucho tiempo”, destacó una fuente policial.

“Acá se están violando los derechos de los detenidos y de los policías”, se apuró en aclarar el abogado Víctor Padilla. “Los reos comen y duermen en el piso, no tienen lugar para hacer sus necesidades y mucho menos, para higienizarse. Son castigados permanentemente porque no aceptan su condición de encierro. Los efectivos no sólo no están preparados para cumplir con ese trabajo, sino que además dejan de hacer su tarea, que es la prevención del delito”, agregó.

El secretario de Seguridad Luis Ibáñez reconoció el problema que genera la crisis carcelaria. “Tenemos redistribuidos a los hombres para que realicen también esta tarea, por más que no sea su obligación”, señaló en una entrevista que se emitió en Buen Día, el programa de LG Play.

Los allegados a los detenidos denuncian maltrato de los policías en la comisaría 1°

“Tenemos que continuar hasta tanto tengamos y estén puestas en funcionamiento las unidades carcelarias para trabajar de lleno en lo que es la prevención”, reconoció el funcionario.

“La situación es muy grave porque es aberrante lo que está sucediendo con los detenidos en las comisarías. Los defensores oficiales no pueden denunciar nada porque sufren persecución laboral y los privados, hacemos planteos, pero no siempre son escuchados. Algunos sí, pero sus órdenes no siempre son cumplidas porque no existen los medios para hacerlo”, explicó el abogado Juan Sebastián Bauque.

Consignas y custodias

Son 700 los efectivos que están asignados a realizar custodias fijas en los domicilios de procesados o condenados o víctimas de algún tipo de delito. “El problema es que no hay cantidad de pulseras suficientes para que el control se haga a través de esta vía. Y como eso no es culpa del procesado, sino del Estado, los jueces deben buscar la manera alternativa, que en este caso es otorgarle un control policial”, comentó el abogado José del Río.

Funcionarios policiales cuestionaron también algunas resoluciones judiciales. Citaron por ejemplo que hay magistrados que además de disponer el control tecnológico, ordenan que también sean controlados por uniformados. “Hay que ser racionales cuando se toman este tipo de medida. Sí es cierto que eso ocurre. Es cierto que una pulsera no puede frenar a nadie, pero eso no significa que en todos los casos haya que disponer también una consigna policial. ”, comentó.

Otro caso ocurrió en Alderetes. La joven que habría sido víctima de un presunto femicidio, después de haber sido atacada por su pareja, la Justicia dispuso una consigna policial permanente. Al fallecer, las autoridades solicitaron levantar la vigilancia, pero las autoridades ordenaron que la mantuvieran. “Insisto que hay que usar la racionalidad porque todo termina complicándose”, opinó el profesional.

Más problemas

Otro de los problemas que afrontan los uniformados son los controles con rondas que deben realizar diariamente. Fuentes informaron que son al menos 1.100 las consignas “móviles” que deben realizar diariamente. Esta medida consiste en la visita que deben realizar los uniformados para determinar si los detenidos están cumpliendo con el arresto domiciliario o si es que las víctimas que deben proteger están bien. Normalmente, según confiaron fuentes del área de Seguridad, se utiliza un móvil y dos personas, el conductor del vehículo y un acompañante. Por eso estiman que son más de 2.100 los uniformados encargados de realizar ese trabajo.

“No sólo es un problema porque se utilizan recursos clave en la prevención como móviles y personal, sino que les lleva su tiempo y lo deben hacer entre una y tres veces por día”, explicó Del Río en una entrevista con LA GACETA. “Lo más grave del caso es que muchas veces no pueden cumplir con esa tarea porque están ocupados con otras obligaciones, como accidentes o interviniendo en algún delito. Y, si son sorprendidos por no haber cumplido las medidas, lo más probable es que reciban sean sancionados”, finalizó Padilla.